Mantiene que lo llevado a cabo en el año 1973 tiene que ser clarificado hasta sus últimas consecuencias
El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez, ha prestado declaración esta mañana en el juzgado número 2 de esta ciudad a raíz de la querella interpuesta por Olimpia Tardá, hija de Félix Tardá, y mediante la cual se acusa a Juárez como autor de un supuesto delito de desobediencia y estafa procesal.
Los hechos que aduce la querellante se refiere a la actitud mostrada por el Ayuntamiento al no cumplir la sentencia dictada por el TSJA, en la cual se condenaba a abonar a la familia Tardá la cantidad de 691 millones de las antiguas pesetas por los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento de las obligaciones que el Consistorio se comprometió a llevar a cabo en el año 1973 por la cesión de los terrenos donde se construyó el Burgo Turístico.
Ante ello, Juárez ha puesto de manifiesto una serie de datos cruciales y que considera que no han sido tenidos en cuenta anteriormente. En concreto, se refiere a que tras el dictado de la sentencia por la cual se condenaba al Ayuntamiento al abono de tan cuantiosa cantidad, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2004, compareció al mes de dicha notificación ante el Ayuntamiento quien acreditó ser Matías Castilla, aportando una escritura pública en la que se ve cómo su familia, en enero de 1973, cedía gratuitamente la finca donde se construyó el Burgo Turístico al Ayuntamiento.
Este extremo contradice la afirmación de la familia Tardá que basaba su reclamación en un convenio suscrito en febrero de 1973, en la que actuaba en su condición de propietario de la misma finca, la cedía al Ayuntamiento bajo la condición de que éste llevara a cabo una serie de obras de acondicionamiento en otra finca propiedad de Tardá.
La cuestión se suscita ahora cuando la familia Castilla, en diciembre de 1973, es decir al año de estos dos convenios contradictorios, vende a la familia Tardá siete fincas colindantes donde se encuentran los 100.000 metros del Burgo Turístico, estipulándose que los compradores, es decir la familia Tardá, debía respetar la cesión que en su día la familia Castilla hizo al Ayuntamiento.
Por tal motivo, en su día el Ayuntamiento, asesorado por Luis Morell, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid, interesó la revisión de la sentencia, siendo desestimada la pretensión.
Juárez, pese a reconocer su respeto a las resoluciones judiciales y haber dado las órdenes oportunas a los servicios económicos del Ayuntamiento para el cumplimiento de dicha sentencia, considera que estos hechos deben ser estudiados y aclarados, por cuanto entiende que la ciudad ha podido salir perjudicada. Al mismo tiempo, deja patente que, evidentemente, no era alcalde en 1973.
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